Año 2000: la re-apertura

Año 2000: la re-apertura del proceso en el fuero común

En noviembre del año 2000 el Congreso declaró la vacancia de la presidencia de la República al declarar la incapacidad moral del ex Presidente Alberto Fujimori, quien huyó del país involucrado en acusaciones por corrupción. Ese mes se creó la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos que reinició las investigaciones del caso La Cantuta. La Dirección contra el Terrorismo, el 28 de octubre de 2002, emitió sus conclusiones donde acreditaba la conformación del Destacamento Colina y su responsabilidad en este crimen e implicaba a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos, Juan Nolberto Rivero Lazo, Héctor Salazar Monroe y Luis Pérez Documet.

Con el resultado de este parte policial y con el ingreso No. 17-2002, la fiscal Ana Cecilia Magallanes Cortez, formalizó denuncia penal contra los integrantes del Destacamento Colina, comprendiendo a veintiseis oficiales y subalternos del Ejército. Posteriormente, el 24 de enero de 2003, el Primer Juzgado Anticorrupción inició el juzgamiento contra todos los denunciados como presuntos coautores de los delitos de secuestro, desaparición forzada y homicidio calificado. Sin embargo, el Ministerio Público y el Poder Judicial no han comprendido en este proceso a los oficiales responsables del crimen que fueron beneficiados con la ley de auto amnistía de 1995, así como tampoco a los mandos que fueron favorecidos por el sobreseimiento de la causa por el Consejo Supremo de Justicia Militar en razón que estas sentencias no han sido hasta la fecha [2003] anuladas por este órgano jurisdiccional.

Asimismo, en el año 2001, luego de una acusación constitucional del Congreso, el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, ex Presidente de la República, ha sido también comprendido en la investigación del crimen de los nueve estudiantes y del profesor Muñoz por la Corte Suprema de Justicia. El 13 de septiembre de 2001, mediante un auto emitido por la Vocalía Suprema de Instrucción de la Sala Penal Permanente se ordenó iniciar instrucción contra el ex mandatario por los crímenes de lesa humanidad de Barrios Altos y La Cantuta y es la base de la solicitud de extradición del ex presidente que formula el Gobierno del Perú ante las autoridades del gobierno de Japón.