La actuación del Congreso de la República

La actuación del Congreso de la República

El día 2 de abril de 1993, el congresista Henry Pease García informó al Pleno del Congreso que había encontrado en su escaño un documento elaborado por una organización presuntamente militar identificada con las siglas COMACA (comandantes, mayores y capitanes) que denunciaba que el profesor y los nueve alumnos de La Cantuta habían sido asesinados por un comando de oficiales y subalternos del Ejército, con conocimiento de altos mandos del Ejército y del Comando Conjunto, así como del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. 

El Congreso aprobó ese día la creación de una Comisión Especial de Investigación para el caso La Cantuta y solicitó entrevistar al Ministro de Defensa, general EP (r) Víctor Malca Villanueva, al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos y a los oficiales y funcionarios cuyos nombres figuraban en el documento de COMACA, entre ellos al asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Hermoza Ríos no asistió a la convocatoria del Congreso aduciendo razones de salud, sin embargo ofició al Consejo Supremo de Justicia Militar para que abra instrucción contra los que resultaren responsables por el caso La Cantuta. La finalidad era que este fuero se avocara a la investigación para “prevenir jurisdicción” y de esa manera argumentar la improcedencia de las investigaciones parlamentarias y las que se iniciaran posteriormente en el fuero común. 

Al día siguiente, el Consejo Supremo de Justicia Militar excusó ante el Congreso de la República la inasistencia de los militares involucrados por tener una instrucción abierta. El 15 de abril, el general Hermoza Ríos reforzó ambiguamente los argumentos de su denuncia ante los tribunales militares al demandar investigar también a los autores anónimos (COMACA) por el documento dirigido al congresista Pease, no dejando de destacar en su oficio, que ello obedecía a una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. 

El 20 de abril de 1993, en una tensa sesión, el general Hermoza Ríos expuso los descargos institucionales de las Fuerzas Armadas ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Al día siguiente, el general Nicolás Hermoza Ríos, en una actitud de desafío y de intimidación contra los sectores de oposición política del Congreso dirigió un inexplicable desfile de tanques y tropas por las calles de Lima. 

Al mes siguiente, la versión revelada por el congresista Pease García sobre la existencia de un destacamento paramilitar responsable del crimen de La Cantuta, sería apoyada por el tercer hombre en la línea de mando en el Ejército Peruano, el general EP (r) Rodolfo Robles Espinoza. El 6 de mayo de 1993, en una carta pública, Robles acusaba a los mandos del Ejército y al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres de mantener un comando operativo responsable de crímenes de lesa humanidad, entre ellos los ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta. 

Ante las graves acusaciones del general Robles Espinoza, el 9 de mayo el ex presidente Fujimori reaccionó respaldando a Hermoza Ríos y al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, mientras que el Consejo Supremo de Justicia Militar enjuició al general Robles y a sus hijos, también oficiales del ejército en actividad, por ultraje a la nación y a las fuerzas armadas. 

El 24 de mayo, en el Congreso de la República, miembros del partido político Cambio 90 al que pertenecía el ex Presidente Alberto Fujimori, impidieron que miembros del Destacamento Colina fueran interrogados en la Comisión Investigadora al aprobar una moción que prohibió su comparencia, apoyando, de esa forma, al Consejo Supremo de Justicia Militar que los había excusado por tener un proceso abierto ante los tribunales militares. Sólo se permitió que asistan el Ministro de Defensa y el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Un mes después, el 24 de junio de 1993, la Comisión Investigadora del Congreso publicó dos informes finales, uno en mayoría que concluyó en la participación militar en los acontecimientos y la responsabilidad penal de oficiales, así como la recomendación de enjuiciamiento en el fuero común y la destitución del general Hermoza Ríos por encubrimiento penal de los hechos. El informe en minoría negó las evidencias y apoyó la investigación en los tribunales militares. Dos días después, el pleno del Congreso aprobó el informe en minoría y el caso se derivó a la justicia militar. 

El 7 de julio de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar emitió un comunicado sobre el caso sosteniendo que se había avocado al conocimiento del mismo y que varios oficiales involucrados ya venían cumpliendo detención definitiva en un establecimiento penal no especificado.